El Senado e INACIPE firman alianza estratégica para prevenir fallas en la legislación penal

CIUDAD DE MÉXICO a 18 de septiembre de 2026 (Noticias de México).- Con el objetivo de elevar la calidad técnica del trabajo parlamentario y evitar vacíos legales ante la evolución del crimen organizado, la Comisión de Justicia del Senado de la República suscribió un Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

El acuerdo, encabezado por el presidente de la comisión, el senador Javier Corral Jurado, y el rector del instituto, Jorge Nader Kuri, busca incorporar evidencia científica, investigación y docencia especializada directamente en el proceso de elaboración de iniciativas de ley en materia penal.

El convenio, que mantendrá su vigencia hasta el 31 de agosto de 2030, contempla actividades de formación, consultoría, foros de discusión y diagnóstico de políticas públicas, asegurando un acompañamiento técnico de alto nivel para los integrantes de la Cámara Alta.

«Buscamos acercar el conocimiento especializado a la deliberación legislativa. Las investigaciones aportan criterios técnicos para comprender instrumentos jurídicos cada vez más sofisticados y nos permitirán advertir fallencias e inconsistencias antes de que una propuesta se convierta en ley», destacó Corral Jurado, quien además reconoció la disposición de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno del INACIPE.

Legislación preventiva y visión académica

La alianza busca que la labor legislativa anticipe las complejas dinámicas delictivas mediante un trabajo coordinado entre la academia y el Congreso:

• Técnica parlamentaria de precisión: El rector del INACIPE, Jorge Nader Kuri, enfatizó que en el ámbito penal las decisiones legislativas delimitan el poder punitivo del Estado, por lo que el instituto operará como un «taller técnico» para poner a prueba las hipótesis normativas antes de su aprobación.
• Respuesta a la realidad criminal: Ambas instituciones coincidieron en la urgencia de dotar a las personas legisladoras de herramientas analíticas que permitan adelantarse a las estrategias de las estructuras delictivas, cerrando vulnerabilidades operativas en el marco legal.
• Cooperación institucional: La vigencia sexenal del instrumento jurídico garantiza la continuidad en la capacitación de equipos técnicos y el análisis permanente de las reformas requeridas para fortalecer el sistema de justicia en México.